Por: Ing. Agr. MSc. Leonardo Vique
Los eventos climáticos que vivimos en Uruguay ponen en el
foco un tema crucial para nuestro sector agropecuario: el estado de nuestros
caminos rurales. Las quejas de los productores son claras y, muchas veces,
justificadas. Sin embargo, más allá de la legítima demanda por un mejor
mantenimiento, me he preguntado si estamos abordando la raíz del problema.
¿Cómo hemos llegado a esta degradación de nuestra infraestructura rural y
estamos empleando las técnicas correctas para su conservación?
Esta inquietud me conecta con una iniciativa fascinante que
he seguido de cerca: la Asociación Argentina de Caminos Rurales Sustentables
(AACRUS). Este grupo, compuesto por ingenieros agrónomos, civiles, docentes y
productores, ha propuesto un cambio fundamental en cómo concebimos y
gestionamos nuestros caminos. Daniel Costa, presidente de AACRUS, ha señalado
una verdad que resuena profundamente: existe una incongruencia entre nuestros
conocimientos en agronomía sobre la conservación del suelo y lo que ocurre en
la práctica en los caminos. Vemos erosión, remoción de tierra y lo que ellos
llaman "caminos marrones", conceptos que van en contra de una idea
real de mantenimiento.
La Realidad de Nuestros Caminos Rurales
En Uruguay, contamos con una vasta red de aproximadamente
40.000 kilómetros de caminos rurales. De estos, se estima que unos 12.000
kilómetros son de vital importancia, conectando nuestra producción con las
carreteras nacionales y uniendo pequeñas poblaciones. Esta red es el corazón de
nuestra economía rural y esencial para que nuestra gente pueda vivir y trabajar
en el campo. La gestión y el mantenimiento de estos caminos recaen en nuestros
Gobiernos Departamentales (GD).
Pero la presión sobre estos caminos ha crecido
exponencialmente. El auge del sector agropecuario y, lamentablemente, la mayor
frecuencia de fenómenos climáticos extremos como las inundaciones, han puesto a
prueba la capacidad de conservación de esta infraestructura. Desde el Gobierno
Nacional, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se
colabora con los GD en esta tarea. Un ejemplo claro es el Programa de
Mejoramiento de Caminos Rurales Productivos II (PCRP II), financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este programa tiene como objetivo
rehabilitar y conservar la infraestructura, incorporando nuevas herramientas de
gestión y promoviendo la innovación tecnológica.
El PCRP II es una inversión significativa, con un
presupuesto total de 100.000.000 US$, de los cuales 80.000.000 US$ provienen
del BID, y el 20% restante es aportado por los GD. Esto permitió trabajar en 79 proyectos a lo largo de los
diecinueve departamentos del país.
La Erosión: Una Consecuencia Directa de Nuestras
Prácticas
Lo que me ha impactado al profundizar en este tema es cómo,
sin darnos cuenta, nuestras propias prácticas de mantenimiento han contribuido
a la erosión. Históricamente, no hemos realizado estudios profundos sobre los
procesos que afectan nuestros caminos rurales, enfocándonos solo en el
"aquí y ahora" de su estado. La faja de recursos naturales que es un
camino rural no ha sido evaluada con parámetros de sustentabilidad ambiental.
En Argentina, la AACRUS ha documentado que el uso casi
exclusivo de motoniveladoras y discos en la red vial ha provocado una erosión
hídrica y eólica considerable. Es como si, irónicamente, creáramos las
condiciones perfectas para que el agua y el viento se lleven la tierra de
nuestros caminos hacia las cunetas y los bajos más cercanos. Las remociones
frecuentes y masivas de suelo, de cuneta a cuneta, son el caldo de cultivo para
la erosión. Y lo paradójico es que ni el agua ni el viento son los únicos culpables;
son los vehículos. Un camino abandonado con cobertura vegetal, o la entrada a
un campo, no sufre el mismo nivel de erosión.
El problema reside en la forma en que se realiza el
mantenimiento: se socava tierra de las veredas (el espacio entre el alambrado y
la cuneta), se la deposita sobre la calzada y luego se intenta compactar el
suelo con motoniveladoras y discos. Esta técnica, sin embargo, disminuye la
densidad del suelo y crea caminos excesivamente abovedados o con pendientes
largas. Esas pendientes son el origen de los canales y surcos que vemos,
señales inequívocas de la erosión por escorrentía. Siempre me enseñaron que, a mayor
inclinación, mayor pérdida de suelo. Para minimizarla, necesitamos menos
pendiente, más cobertura vegetal y una buena compactación en el centro de la
calzada para que el agua fluya lentamente.
El resultado de estas prácticas es desolador: caminos que
están muy por debajo del nivel de los alambrados, sin cobertura vegetal,
expuestos, con esas pendientes pronunciadas que invitan al agua a ganar
velocidad y provocar más erosión. Es un ciclo vicioso en el que estamos
constantemente sacando tierra de los costados para reponerla arriba. Y cuando
la tierra se acaba, ¿qué hacemos? Corremos el alambrado o abrimos una nueva
cava. Es, conceptualmente, un disparate.
Mi Visión para una Gestión Sostenible y Participativa
Mi apuesta, y lo que he aprendido de iniciativas como la
AACRUS, es que necesitamos detener esta "hemorragia de suelos". La
clave está en detectar y controlar las zonas erosionadas, para que el suelo no
se nos escape más por la cuneta. Al dejar de remover indiscriminadamente y al
fomentar la cobertura vegetal, tal como lo hacemos en el campo, el sistema se
estabiliza. Un camino no es solo la calzada; al proteger sus veredas, las
convertimos en corredores biológicos que benefician a la biodiversidad, a la sociedad
y, por supuesto, a nuestros productores.
Aunque en algunos casos las pérdidas pueden ser
irreparables, la buena noticia es que la naturaleza es resiliente. En pocas
semanas, la biodiversidad de esas veredas comienza a resurgir.
En Uruguay, el PCRP II ya incorpora un Marco de Gestión
Ambiental y Social (MGAS) que busca garantizar la sostenibilidad de nuestros
proyectos. Este marco establece un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)
que sigue nuestra legislación ambiental nacional y las Normas de Desempeño
Ambiental y Social (NDAS) del BID. Estas normas son muy completas y abordan
desde la evaluación de riesgos hasta la eficiencia en el uso de recursos, la
salud y seguridad de la comunidad, la conservación de la biodiversidad, la
protección del patrimonio cultural y, fundamentalmente, la participación de
todas las partes interesadas.
El análisis del PCRP II me tranquiliza, ya que concluye que
los impactos y riesgos de los proyectos no son significativos y que las medidas
de mitigación incluidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) son
prácticas habituales en el sector de la construcción en Uruguay. Además, veo
impactos positivos claros: la generación de empleo local y una mejora
sustancial en la seguridad vial y la conectividad de nuestras zonas rurales.
Gestionar nuestros caminos rurales de forma sostenible
implica un cambio de paradigma. No se trata solo de arreglar lo roto, sino de
entender el camino como parte de un sistema más grande. La colaboración entre
nuestros Gobiernos Departamentales, el Gobierno Nacional y el apoyo de
instituciones como el BID, junto con la adopción de prácticas que respeten el
entorno y la activa participación de nuestras comunidades, son los pilares para
que nuestra red vial rural sea resiliente y beneficie a todos los uruguayos por
mucho tiempo.
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