Por: Ing. Agr. (MSc) Leonardo Vique.
La sostenibilidad ya no es una palabra de moda, sino un imperativo. En un mundo donde los límites planetarios se hacen cada vez más evidentes y los consumidores exigen transparencia y responsabilidad, el sector agropecuario, motor fundamental de la economía uruguaya, se enfrenta a un desafío crucial: demostrar que su progreso económico no se logra a expensas del capital natural. La clave para abordar este desafío reside en la medición, en el desarrollo y la aplicación de indicadores ambientales robustos que permitan evaluar el desempeño del sector y guiar políticas públicas hacia un futuro verdaderamente sostenible.
Medir permite analizar y diagnosticar, conocer en qué
ámbitos se producen mejoras y en cuáles hay retrocesos. Esta máxima es
universal y cobra especial relevancia en Uruguay. Durante décadas, el Producto
Interno Bruto (PIB) ha sido el faro que ha guiado la evaluación del crecimiento
económico. Sin embargo, como se destaca en los textos analizados, el PIB, por sí
solo, es una métrica miope que invisibiliza el uso de los recursos naturales y
los impactos ambientales que subyacen al desarrollo. Es hora de ir más allá del
valor monetario y considerar si el aumento del PIB es sostenible a largo plazo
o si, por el contrario, está hipotecando nuestro futuro.
Un detallado informe de Indicadores de Sostenibilidad nos puede
mostrar un camino posible, ampliando varios indicadores, abarcando dimensiones
económicas, sociales y ambientales, este tipo de iniciativas proporciona una
visión integral del desempeño del sector. Indicadores relacionados con el uso
del agua, la eficiencia energética, la biodiversidad, la salud del suelo, las
emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de fitosanitarios son
esenciales para comprender el impacto real de la actividad agropecuaria. La
búsqueda de información a nivel de explotación es un paso necesario para
complementar los datos macro y obtener una imagen más precisa de la realidad.
Uruguay ha dado pasos significativos en esta dirección, y es
fundamental reconocer y potenciar estos esfuerzos. La emisión del Bono Indexado
a Indicadores de Cambio Climático (Biicc) es un ejemplo pionero y audaz de cómo
la sostenibilidad ambiental puede integrarse en la estrategia de financiamiento
del gobierno. Vincular la tasa de interés del bono al cumplimiento de metas
ambientales, basadas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del
Acuerdo de París, envía una señal potente al mercado global y a la sociedad
uruguaya: el compromiso con la sostenibilidad es real y cuantificable.
La iniciativa del Sistema de Contabilidad Ambiental y
Económica (SCAE) de la ONU, adoptada como estándar estadístico internacional,
ofrece un marco metodológico invaluable para Uruguay. La compatibilidad del
SCAE con el Sistema de Cuentas Nacionales facilita la integración de
información económica y ambiental, permitiendo calcular la intensidad de la
producción en términos de uso de recursos y estimar los efectos ambientales
generados. Indicadores de "desacoplamiento", que muestran si el crecimiento
económico se logra sin aumentar la presión ambiental, son cruciales para
evaluar la sostenibilidad a largo plazo.
Los avances en la implementación del SCAE en Uruguay, a
través del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Cuentas Ambientales
Económicas y el desarrollo de la Cuenta Ambiental Económica Agropecuaria
(CAE-Agro) por parte del MGAP, son pasos prometedores. La CAE-Agro, al integrar
variables económicas y ambientales asociadas a los principales productos
agrícolas y ganaderos, sentará las bases para un análisis más informado y la
toma de decisiones basadas en datos concretos. La construcción de la Cuenta de Agua
y la Cuenta de Gastos de Protección Ambiental por parte del Ministerio de
Ambiente complementan este panorama, brindando una visión más completa de la
interacción entre la economía y el medio ambiente.
Sin embargo, como advierte el Ing. Agr. Walter Baethgen, ex vicepresidente
de INIA, el camino no está exento de desafíos. El riesgo del
"greenwashing", la simulación de un cuidado ambiental sin sustento real
es una amenaza que Uruguay no puede permitirse. La credibilidad de sus
indicadores y certificaciones es fundamental para capitalizar las oportunidades
que el mercado global ofrece a los productores sostenibles. La necesidad de un
acuerdo científico sobre los mejores indicadores, seguido de un proceso de
educación y discusión pública, es crucial para definir qué nivel de cambio
ambiental es tolerable y cómo medirlo de manera transparente y confiable.
La importancia de medir el desempeño ambiental en el agro
uruguayo trasciende la simple recopilación de datos; es una cuestión de
responsabilidad, competitividad y visión de futuro. Los consumidores exigen
cada vez más productos que se produzcan de manera sostenible, y los mercados
internacionales comienzan a penalizar las prácticas que atentan contra el medio
ambiente. La integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza
(ESG) en la toma de decisiones empresariales y gubernamentales ya no es una
opción, sino una necesidad.
Uruguay ha iniciado un camino prometedor en la medición y
gestión de sus indicadores ambientales en el sector agropecuario. Los esfuerzos
interinstitucionales para implementar el SCAE y desarrollar cuentas ambientales
específicas son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, es fundamental
consolidar estos avances, asegurar la continuidad del trabajo a través de una
institucionalidad formal y abordar el desafío de la información a nivel de
explotación. Solo a través de una medición rigurosa, transparente y basada en
la ciencia podremos demostrar al mundo y a nosotros mismos que el progreso
económico de Uruguay se construye sobre bases sólidas de sostenibilidad
ambiental, asegurando un futuro próspero para las generaciones venideras. Medir
no es solo un ejercicio estadístico; es la base para transformar nuestro modelo
de desarrollo y garantizar que el campo natural, fuente de riqueza y servicios
ecosistémicos invaluables, siga siendo el corazón de un Uruguay sostenible y
resiliente.
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